¿Y si repensamos la ruralidad?

Por: Hugo Velázquez Véliz

Todo relacionista comunitario debe haberse hecho esta pregunta: ¿Cómo podemos reducir la pobreza en el Perú en lugares dónde se crea riqueza a partir de una actividad económica?

En un artículo periodístico reciente (1), Carolina Trivelli mencionaba algunos datos importantes para abordar esta interrogante:

  • La pobreza rural que venía cayendo sostenidamente desde el 2002, frenó a partir del 2014 y en años recientes ha aumentado.
  • 44% de los peruanos que viven en zonas rurales están en pobreza, casi el triple que en las grandes ciudades.
  • El censo 2017 identificó que 21% de la población peruana es rural, algo más de 6 millones de personas viviendo en centros poblados de menos de 2,000 habitantes.

Asimismo, Miguel Castañeda hace una importante reflexión al respecto: hay una fuerte correlación entre la reducción de la pobreza y los mejores años de los precios de los metales (2004 – 2014), y son en las zonas rurales donde están los grandes proyectos minero energéticos paralizados y casi el 100% de las operaciones extractivas no renovables. Esta situación nos lleva a preguntarnos si es que solo se ha hecho mucha inversión social y muy poco (o nada) de sostenibilidad y si esta inversión fue pensada únicamente como la herramienta para evitar conflictos sociales, pero no para un desarrollo sostenible. Haciendo un paréntesis, comenzando el 2019 un grupo de comuneros de Fuerabamba bloqueó la carretera dejando 11 policías heridos, 2 de gravedad e incendió el campamento policial. Al momento de redactar este trabajo no hay detenidos ni denunciados.

Siendo así, queda una sensación de qué se pudo hacer algo más en esos años de bonanza y que resulta necesario sacar conclusiones y preparar una hoja de ruta para evitar que esta situación se repita. Pero, ¿es solo tarea del Estado? ¿puede ser el poblador rural el protagonista de su propio desarrollo? ¿cómo puede contribuir la empresa privada desde su responsabilidad social? Desde mi perspectiva, cualquier esfuerzo aislado tiene pocas posibilidades de éxito, el poblador rural necesita no solo ser escuchado, sino debe liderar este esfuerzo y ser acompañado, y apoyado, por el Estado, y la Empresa ser un articulador y gestor en este esfuerzo, y para ello es necesaria una convivencia, es decir una real presencia del Estado, ahí donde el relacionista comunitario tiene que ser a diario su mejor funcionario. Es decir, un sector empresarial que se convierta en un ente de enlace, un acompañante, que consiga que el poblador sea escuchado y atendido, pero a través de la propia gestión de los líderes locales.

Entonces, si este enfoque parte con el poblador rural como protagonista, el Estado como ejecutor y la empresa privada como gestor y articulador, cuáles serían los pasos siguientes para trabajar una hoja de ruta. Un primer lineamiento nos lo brinda los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de la meta 1.4 que nos indica que de aquí a 2030, se debe garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los y las vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. Para tal efecto brinda dos indicadores, i) la población con acceso a servicios básicos; y, ii) los productores agropecuarios con título de propiedad inscrito en Registros Públicos. Así, cabe preguntarnos entonces, ¿cómo vamos avanzando a la fecha?

 

Conforme al INEI en su Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores de los objetivos de Desarrollo Sostenible  la proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos de infraestructura es del 39% en zona rural (2017). Dentro de esa cifra un 72.2 % (2017) de la población rural dispone de agua por red pública, un 45.4% (2017) a saneamiento por red pública y un 81% (2017) de electricidad. En relación a productores agropecuarios con título de propiedad inscrito en Registros Públicos solo el 33% (2017) tiene esta condición. Estas cifras expuestas por el INEI  nos permiten sacar una primera conclusión, que para generar desarrollo sostenible no solo se debe trasladar las condiciones de vida de la ciudad al campo, sino que el campo necesita tener las condiciones adecuadas para generar su propio desarrollo. En efecto, desde mi perspectiva lo primero es identificar las prioridades en conjunto con el poblador de a pie, enseñándole a gestionar sus propios recursos y a utilizar sus facultades de vigilancia y participación ciudadana para que logré sacar adelante a su familia y comunidades y así evitar la autodependencia de la empresa privada.

Siendo así, cabe preguntarnos entonces si no resulta más bien necesario ampliar nuestra definición de lo rural, a una más sensata, como propone Carolina Trivelli, una que incluya centros urbanos que se articulan con lo rural tradicional, para así pensar en políticas públicas que permitan un desarrollo rural posible, sostenible y que retome la senda de reducción de la pobreza.

Parece que ese es el camino, por lo que es necesario entender que la ruralidad se está reconstruyendo y deben ser sus propios pobladores quienes definan sus alcances. Para ello un concepto guía puede ser el de las Ciudades Intermedias, que de acuerdo a Víctor Villalobos (3) son: aquellas que son definidas como nodos articuladores entre las grandes ciudades y el campo productivo, facilitando a la población rural el no tener que migrar a las grandes ciudades y, a su vez, fortalecer su identidad, territorialidad y una nueva institucionalidad productiva que contribuye a equilibrar esta problemática. Algunos lineamientos a tener en cuenta sobre esta definición:

  • Sus alcances exigen trabajar en alianzas públicas-privadas;
  • Le corresponde a la sociedad civil asumir el liderazgo en innovar, complementar y apoyar la ejecución de políticas públicas que construyan la capacidad de gestionar los recursos (humanos, económicos y naturales) y permitan ejecutar planes y proyectos orientados a lograr mayor productividad del área rural;
  • La empresa privada y universidad asumen un rol fundamental dado que se convierten en promotores de las innovaciones tecnológicas al identificar las tendencias globales y estudiando patrones de comportamiento, soluciones inteligentes, y acompañando las políticas públicas nacionales y locales.
  • La conectividad y las redes sociales cumplen la función de socialización de la información en el proceso de desarrollo, integración y ejercicio de ciudadanía.

Como todo concepto, éste debe definirse conforme los alcances de cada contexto, pero parece un buen inicio. Una política estatal guía tendría que ser el primer paso para luego ampliar alances en los Planes de Desarrollo Regional. La desaceleración de la Economía China a final del 2018 cuya manifestación se dio con la reducción del índice de producción manufacturera es una alarma para repensar los hechos y evitar que la pobreza vuelva a crecer en donde se genera más riqueza para el Perú.

En este sentido, la voluntad y decisión por parte del estado y de las empresas para lograr un real desarrollo que venza la pobreza en esta nueva realidad, debe ser ya, y muy pronto, no solo buena voluntad, sino acciones concretas. El poblador de a pie lo exige y es fundamental tomar acción, y evitar así que algunos “líderes” de manera interesada prefieran mantener los niveles de pobreza en su localidad para con ello tener mayores y mejores herramientas para negociar y obtener ventajas en el tiempo.

 

 

 

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