Responsabilidad Social Empresarial de Industrias Extractivas en Contextos Rurales

Por: Victor Pareja Godoy

Debemos comenzar por explicar que las labores de Responsabilidad Social Empresarial RSE de las industrias extractivas en el Perú, se dan básicamente en contextos rurales: mayormente alto andinos (2 000 msnm a más), para el caso de la minería; y usualmente amazónicos (sobre todo en escenarios de selva baja), para el caso de hidrocarburos. Siendo su propósito la mejora de las condiciones de vida de la población del área de influencia social de proyectos mineros y petroleros / gasíferos. Hasta aquí la simplificación de la idea del deber ser de las labores RSE.

Otro tema a precisar es que – al  presente – realizar dichas labores ya no dependen de la voluntad de las empresas o de las presiones del entorno social hacia los Proyectos, sino que han sido normados a través de diversos Instrumentos de Gestión Ambiental IGAs bajo la figura de Planes de Gestión Social PGS que son aprobados por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles SENACE o por el Ministerio de Energía y Minas MINEM (llámense Declaración de Impacto Ambiental DIA, Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado EIAsd, o estudios detallados EIA, entre otros). Incorporándose en los PGS diversos planes de: comunicaciones, empleo local, desarrollo de clústeres, mejoras en salud y educación, entre otros específicos como el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario PACRI, etc. Los PGS varían por Proyecto, y se aplica a los de gran envergadura en fases de explotación. Habiendo versiones equivalentes al PGS en IGAs aprobados para fases de exploración, tanto en minería como en hidrocarburos. Como elemento adicional podemos mencionar que existe normativa estatal que fomentan labores de RSE a través de instrumentos como el Canon o el de obras por impuestos. Por último no podemos olvidar iniciativas privadas RSE como la creación de Fondos Sociales.

Digamos que tras décadas de conflictos entre industrias extractivas y comunidades (nativas o campesinas, indígenas o no), el sector empresarial y el Estado han convenido en estandarizar la incorporación del componente social en los proyectos de inversión bajo un enfoque conceptualizado como de sostenibilidad, en donde el componente social se entiende como algo más complejo. Que para efectos prácticos consistiría (o debiera consistir) en lo social como un instrumento de gestión integral para el manejo de las relaciones industrias extractivas / comunidades[1].

En este camino de aprendizaje empresas mineras, petroleras, y Estado, han plasmado en el papel la idea. Ahora falta que el sector extractivo: primero la internalice corporativamente; y segundo, estandarice su implementación. Es pronto para decir que del papel a los hechos habrá cambios sustantivos. Todavía queda presente en el aire la idea de que antes que RSE hay que difundir los aportes de la minería e hidrocarburos al fisco nacional. Que ya hay cambios sustantivos porque hay obras de apoyo en infraestructura que hacen en materia de RSE algunas grandes operaciones. Que antes que prácticas efectivas RSE, impulsadas desde las gerencias hacia todo el personal de la empresa; de lo que se trata es de llenar las páginas de “sociales” (redes sociales empresariales) de “obras de bien” de alcantarillado, campañas médicas, tramos carreteros, u otras por el estilo; en el entendido que de informando (a manera de propaganda) de estas labores, la reputación de las operaciones mineras y petroleras pasará a cifras azules.

Para que los conflictos industrias extractivas / comunidades lleguen a niveles tolerables o razonables (porque nunca desaparecerán del todo). Es importante no sólo obtener la llamada Licencia Social (o anuencia de las comunidades para el desarrollo de las operaciones) a través de las labores de los equipos de relaciones comunitarias RRCC. Es indispensable también que las Políticas RSE se concreticen en un conjunto de acciones que antes que efectistas (para la foto de portada en sociales); sean eficientes para la empresa y justas para las comunidades. Sólo así serán sostenibles en el tiempo; y ello sí puede transformar escenarios de conflicto permanente en otros de convivencia honrosa (para el prestigio e imagen corporativa de la operación, y para la dignidad y el progreso de las comunidades).

En la búsqueda de ir optimizando las labores RSE, será conveniente ir dejando de lado privilegiar el desarrollo de infraestructura física, y de ceder a “invertir” más dinero a pedido de la población del área de influencia de los proyectos, para ir pasando a desarrollar aspectos cualitativos. Esto es, potenciar elementos que garanticen – a  futuro – mejoras de sus condiciones de vida de forma autosostenida. Lo que también irá de la mano de conceptualizar el desarrollo de las comunidades conforme criterios que tomen en cuenta sus propias iniciativas; sí, pero siendo francos en manifestarles que algunas de ellas no se resolverán “metiendo más plata”. Un ejemplo de ello es lo que sucede en materia del acceso a propiedades superficiales para operaciones de industrias extractivas[2]. Cuyos resultados disímiles pueden desnaturalizar las labores RSE, las de RRCC, y finalmente pueden perjudicar gravemente la reputación corporativa.

[1] Lo cual responde a la tendencia de ver lo social como el cuarto elemento, sino el más importante, para el desarrollo de los Proyectos de inversión. Ver: Victor Pareja. “Michiquillay y las limitaciones de la inversión minera”. Abril 10, 2018. En: http://www.revistatintaverde.com/revista-digital/ano-1-edicion-n-1/

[2] Tema que se asocia al PACRI, la compra de tierras, y la compensaciones e indemnizaciones por sesión temporal / permanente o venta; de superficies superpuestas total o parcialmente con uno o varios componentes del Proyecto.

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