Chile, Ecuador y Perú

Por: Jesús Miguel Castañeda Mayuri

Las protestas en Chile y en Ecuador han marcado la agenda de la política latinoamericana durante estas semanas. A diferencia de la crisis en Bolivia que derivo en el golpe de estado al gobierno de Evo Morales, los reclamos de ambos países surgen en rechazo a medidas sociales puntuales hechas por los gobiernos. Al final, los gobernantes de Chile y Ecuador, han retrocedido ante las protestas -al menos en lo que a la medida puntual respecta, en el caso del Chile de Piñera-; pero el impacto en la región queda. Sobre todo, en Perú. En redes sociales, se ha repetido constantemente las similitudes en el plano social que nuestro país tiene con los vecinos del sur y del norte; hasta algunos se han preguntado cómo es que en Perú no ha habido aun un levantamiento de tales magnitudes. Teniendo en cuenta la génesis de estos levantamientos populares, es preciso hablar de las dinámicas sociales y económicas del Perú que podría derivar en crisis sociales como las de nuestros países vecinos.

Ecuador

El paquete de medidas que anunció Lenin Moreno, presidente de Ecuador, incluía una nueva ley de reforma laboral en la que los contratos podrían negociarse por proyectos y en la que la jubilación se sustituya por un fondo privada que recibe los aportes del trabajador durante su vida laboral; sin embargo, la medida que más revuelo produjo fue la subida del precio del combustible, hasta entonces subsidiado. La estabilidad económica de varios sectores sociales vulnerables del país norteño se habría visto afectada por la eliminación del subsidio, más allá de lo que implica para el medio ambiente la dependencia a los combustibles. Es allí donde las organizaciones indígenas de Ecuador tomaron el liderazgo de la protesta que era transversal a toda la sociedad ecuatoriano.

El galón de gasolina había pasado de costar US$1,85 a US$2,40 y el diésel incrementó un 120%. Este aumento, con efectos inmediatos en la tarifa del transporte público, llevó a los ecuatorianos a reaccionar a un cambio tan drástico. Pero, esto se estaba gestando desde inicios de año. El presidente Lenin Moreno había restablecido a inicios de año las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) -durante el gobierno de Correa, el expresidente se jactaba de no necesitar al FMI para realizar medidas sociales-. En febrero se pactó un préstamo de 4,200 millones de dólares a cambio de reformas estructurales. Las medidas que provocaron las protestas fueron esas reformas. La lucha pasaba por restablecer el esquema social y económica ante un modelo impuesto por los dictámenes de la FMI.

Es por eso que, cuando la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) continuó y asumió el liderazgo de la protesta, al bloquear las vías y caminar en dirección a Quito, recibió el apoyo de sectores de la población de Quito. Varias personas voluntarias recibieron con alimentos y ropa a los grupos de indígenas que llegaban desde sus territorios. A la mesa de negociación, con mediación de la ONU y la Iglesia, fueron los indígenas, pero el apoyo de sectores de la población ecuatoriana era claro. Por primera vez esto ocurría. En épocas del gobierno de Rafael Correa, el enfrentamiento con la CONAIE había llevado a muertos en los diez años de gobierno. Las disputas debido a políticas mineras y de redistribución del agua habían marcado este enfrentamiento. Por eso rechazaron el apoyo de Correa a sus protestas. Con una oposición a la izquierda del gobierno de Morena casi desaparecida y un Correa en el exilio enfrentado a quien fue su exvicepresidente, la única organización que le mantuvo el pulso al gobierno fue la CONAIE. Así fue como después de la negociación, se acordó derogar las medidas del llamado paquetazo.

Chile

En Chile, las personas no se movilizaron en rechazo a unas medidas que iban a encarecer su vida; la población chilena tomó las calles por el hastío del modelo económico y social que quería imponerse en Ecuador. Es cierto que el motivo inicial se debe al alza de las tarifas del metro de Santiago anunciada el 6 de octubre de 2019. Varios estudiantes se organizaron en redes sociales para entrar masivamente sin pagar el metro; con el paso de los días se unieron más personas. El gobierno chileno ordenó a los carabineros vigilar las estaciones de metro, y la situación escaló: en los enfrentamientos, varias estaciones de metro fueron incendiadas y los disturbios se trasladaron desde Santiago a otras ciudades chilenas. Piñera decretó el estado de emergencia, suspendió el alza de la tarifa de metro y anunció el toque de queda el sábado 19 de octubre.

Las protestas por la tarifa del metro fueron el catalizador de un desgaste social que llevaba años sin ser escuchado. Es tal la ebullición que la movilización no tiene una cabeza u organización que la lidere de forma clara. Es la manifestación del hartazgo de la gente. Se apuntó a la desigualdad imperante entre sectores sociales chilenos, el sistema de pensiones (AFPs), la privatización del agua, y el poco acceso a un sistema de salud y educación eficiente.

En el plano internacional, Chile estaba situado como un referente de crecimiento y prosperidad. El presidente Piñera, en referencia a las crisis en Perú, Ecuador, Venezuela y Argentina, llamaba a Chile un “oasis” dentro de Latinoamérica. Pero lo que subyace es un país en donde el ingreso per cápita del quintil inferior no llega a los 140 dólares y el 10% más rico tiene ingresos multiplicados a 9 sobre el 10% más pobre.

Más allá del reclamo salarial, los servicios sociales chilenos mostraban claras deficiencias, como ya se dijo que apuntaron los reclamos. Las AFP, un sistema en el que una persona aporta una parte de sus ingresos mensualmente para reunir una pensión cuando se jubile, han derivado en un 80% de personas en Chile que reciben pensiones menores al sueldo mínimo, según apuntó Gloria de la Fuente a BBC Mundo. Incluso, el gobierno de Piñera había presentado un proyecto de ley para que los empleadores aporten un 4% del sueldo del trabajador a su AFP. Pero, para las asociaciones de protesta (No + AFP), esto no es suficiente y no soluciona el problema de jubilados;  las protestas apuntan a una reforma del sistema tributario para garantizar jubilaciones dignas. Por otro lado, el sistema de salud chileno también representa una amplia inequidad. Éste está compuesto por un seguro público -FONASA, al que 80% de los ciudadanos están afiliados- y uno privado -ISAPRE, a las que un 20% de personas tiene acceso-. En el FONASA, se ha constatado la ausencia de hospitales y especialistas, las largas listas de espera y la falta de atención primaria; mientras que las quejas al ISAPRE van dirigidas hacía los altos precios, las bajas coberturas y la restricción del acceso a centros de salud.

El descredito de la clase política y empresarial han añadido al malestar de la población chilena. Por ejemplo, en 2008 tres grandes cadenas farmacéuticas se coludieron para concertar el alza de precio de 222 medicamentos para enfermedades crónicas. En el plano político, ha habido casos de malversación de fondos públicos en el ejército chileno y de fraude en los carabineros.

Las protestas y los enfrentamientos con los carabineros continúan, a pesar del anuncio de Piñera de haber escuchado las protestas. Se habla de un cambio en la Constitución.

¿Y Perú?

Entonces, lo primero que reluce a la hora de buscar sobre la desigualdad en Perú es un artículo de la ONG internacional OXFAM publicado a inicios de este año en donde, a partir de la investigación del economista Germán Alarco, se podría aseverar que las cifras de desigualdad serían el doble de lo que las oficiales alegan. “De acuerdo a nuestra estadística oficial tenemos un coeficiente Gini de alrededor de 0.35, pero de acuerdo a la información ajustada por nosotros, estamos entre 0.60 y 0.70, es decir, por lo menos el Gini es el doble de lo que se presenta oficialmente”, dice en el artículo. En El Comercio, en una noticia que explicaba los resultados de la medición del Gini del 2017 hecha por la INEI dijo que los resultados del Gini, según el instituto de estadística, eran 0,35 a nivel nacional. Las cifras del mismo año, ahora, están en 0.43, en similitud con las que ha arrojado el Banco Mundial. Aun así, la diferencia que remarca Alarcón es llamativa. En esa línea, según OXFAM y la consultora internacional Knight Frank hay más de 17 mil millonarios en el Perú. Al menos 5 de ellos con más de mil millones. Ninguno aparece en la medición de la INEI dentro de los 10 hogares más ricos del país. En la ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares Sobre Condiciones de Vida y Pobreza) de 2014, el hogar más rico estaba en Picota, San Martín.

La investigación de OXFAM liderada por Alarco sobre la desigualdad en Perú, por otro lado, se apoyó en los estimados de Credit Suisse y la consultora Knight Frank para realizar su medición de la inequidad de recursos en el país. Según Credit Suisse, entre 2012 y 2016 la cantidad de adultos peruanos que tenían más de US$ 100 millones oscilaba entre 33 y 133 personas. Por su parte, e ingreso per cápita del 10% más rico es de US$20.141; mientras que el del 10% más pobre es de US$965 anuales. “El 10 % más pobre tiene ingresos similares a Chad, Bangladesh, Kirguistan y Tajikistan. El 10 % más rico tiene ingresos similares a Portugal, República Checa y Eslovaquia.”, remata en las conclusiones del estudio dirigido por Alarco. Las cifras son similares a las que compartimos antes respecto a la situación chilena.

El estudio culmina con una llamada a una mayor presión tributaria que pueda “cerrar brechas de infraestructura, atender servicios sociales y redistribuir ingresos”. Sin embargo, según un artículo publicado por Correo que recoge las cifras del informe de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe, el Perú está en el grupo de países que pagan menos impuestos, con tan solo un 16,1%. Ahondando más en el asunto, hay ocho millones de empresas -a partir de datos recabados por la Inei, que son informales- ; es decir, que no tributan.

No solo eso, sino que las cargas impositivas a grandes grupos son, en algunos casos, inexistentes. Al sector minero, por ejemplo, se le ha devuelto, desde el 2016 al 2018, s/15 mil 804 millones de un total de 50 mil millones de soles devueltos con motivo de devolución fiscal. Esta figura existe para promover sectores económicos; a grupos que exportan se les puede dar devoluciones del IGV para fomentar el comercio internacional. Cuando el producto final es exportado, el impuesto se devuelve.  Este subsidió representó el 71% del total de las devoluciones el 2017. Según el Grupo Justicia Fiscal Perú, por cada 100 soles de pagos tributarios de las mineras, se les devolvió 38 soles el 2018, y el 2017, 88 soles. Por otro lado, también ha sido noticia la exoneración tributaria a la que se acogió la empresa Latam Airlines Perú. Hasta el 2015, la empresa chilena había utilizado la Ley 29624, que permite que personas jurídicas ingresen al país aeronaves y demás piezas con la seguridad de la suspensión del pago de todo tributo. Es decir, si Latam no compraba ningún avión dentro del país, no pagaba IGV. Así, la aerolínea, según la SUNAT dejó de pagar más de mil millones de dólares durante cinco años.

Mientras tanto, los servicios sociales y la calidad de vida de gran parte de los peruanos no muestran avances. Un ejemplo es algo tan primordial como el acceso al agua. Según OXFAM, en Perú entre 7 y 8 millones de peruanos aún no tienen agua potable; en Lima, 1.5 millones de personas no tienen ni agua potable ni alcantarillado de saneamiento. El servicio de agua y desagüe se limita a la zona urbana. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) ha afirmado que las personas sin acceso al agua terminan pagando 45 soles mensuales por persona para poder tener 100 litros de agua diarios; 180 soles mensuales en una familia de 4. El 19% del RMV en un servicio que, en tu condición de ser humano, debería estar garantizado.

Si hablamos de servicios que deberíamos dar por sentados, la salud no se queda atrás. Según un informe de Peru 21, respecto a otros países de la región como Bolivia (6.3%), Chile (7.8%) y Ecuador (9.2%), el gasto del PBI en salud se ubica en 5.5. Así, tenemos un sistema de salud en el que hay 16 camas por cada 10,000 habitantes y las demoras para la atención llegan hasta las dos horas. Asimismo, dentro del 39% de gasto en salud privada, el 73% es desembolsado por los ciudadanos debido a la falta de cobertura. En promedio, según este informe gastamos 207 dólares en salud, a diferencia de países como Estados Unidos, en el que se gastan 55 dólares.

La dificultad al acceso de servicios primarios de calidad por su coste no se puede apaciguar con el salario mínimo actual. Aunque a finales del gobierno de PPK, se decretó un aumento a s/930 soles y se haya hablado de un aumento recientemente, es claro que en lo que respecta al acceso al agua -para ese 1.5 millón de personas en Lima- y a un servicio salud de calidad, la RMV no llega a cubrir todos los gastos. Pero es más complejo. En la agencia de noticias Andina el vicepresidente de asuntos corporativos de Intercorp Retail, Jorge Lazarte aseveró: “La cifra que tenemos de 74% de informalidad significa que 74 de cada 100 trabajadores no percibe un salario mínimo”.  En 2016 se calculaba que más de once millones de personas trabajaban en el sector informal; sin derechos labores y ante un alto coste de vida por la precariedad de servicios públicos.

Es importante, asimismo, no obviar el problema de desigualdad territorial que ha aquejado a nuestro país durante toda nuestra historia. Según OXFAM, al 2014 un poblador rural tenía el triple de posibilidades de ser pobre que un poblador urbano y los peruanos con lenguas maternas indígenas tienen el doble de posibilidades de ser pobres. A pesar del crecimiento económico que el país tuvo entre 2005 y el 2012, la desigualdad entre la costa, sierra y selva se sigue manteniendo. Una imagen representativa de esa bonanza que no ha llegado a todas las zonas del país la encontramos en el reportaje “Los despojados” del portal periodístico Ojo Público. En éste se narra el contraste entre el acceso a los derechos de explotación de agua para el uso minero de la empresa, el mantenimiento de vías de transporte y energía eléctrica para el campamento del proyecto Las Bambas y la falta de agua, luz y saneamiento de la comunidad vecina de Chuicuni. A diferencia de Ecuador, donde se defienden unos derechos conseguidos, en Perú las comunidades de la sierra y la selva basan su reclamo en el acceso a derechos tan fundamentales como el acceso al agua potable.

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