Hacia un nuevo modelo de gestión de conflictos

Por: Miguel Castañeda

Hace un año, exactamente, escribí en el blog del centro de estudios que dirijo gran parte del artículo que comparto con ustedes. Aquí encontrarán una actualización a dicha reflexión que apela a buscar, con total apertura, su propio cuestionamiento. Esta propuesta está expuesta al debate.

Entonces afirmé que el enfoque define el norte. Ahora preciso que este mismo norte retroalimenta su propio enfoque. Me reafirmo que la sola creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial (VGT) es, para nosotros, un peligroso despropósito. “Estas tres secretarías: Descentralización, Demarcación Territorial y Gestión Social y Diálogo, tienen un objetivo en sí mismo que la mayoría de veces han sido condicionadas por la contundencia de una de ellas: la gestión social para la mejor adminis tración de conflictos, de todo tipo”.

Me preguntaba si “¿esta secretaria de gestión social y diálogo, la cual se responsabiliza de los conflictos y crisis sociales, tiene mayor peso específico en este nuevo viceministerio?”. Hoy tengo con bastante claridad que es solo una oficina más dentro de este VGT, la cual no define el enfoque ni marca el norte de la gestión de estos delicados procesos. Solo atiende emergencias, recibe órdenes y ejecuta acciones con una temeraria desarticulación real con las otras oficinas de gestión de conflictos de los diversos sectores, así como con una escasa coordinación con los gobiernos subnacionales. Y no se trata de capaci- dad, sino de diseño.

Desde mi punto de vista, mucho en nuestro país pasa por la gestión de conflictos a todo nivel. Ello requiere pensar en un esquema e infraestructura organizacional que propugnen una precisa identificación de riesgos; un adecuado esquema de negociación política; una preocupación por un estrecho relacionamiento intergubernamental y el necesario análisis con prospectiva, por ejemplo. Pueden verse desde allí temas mayores, como planeamiento estratégico nacional, regional y local.

Reitero mi posición en que “la realidad social y política de nuestro país, con la fragmentación de poderes locales, regionales y nacionales; la escasa institucionalidad y permanente informalidad; el devenir de procesos cegados por posturas ideológicas; la orfandad de una visión compartida de país”, entre otras variables, nos exige ver la gestión pública con más amplitud. La preeminencia que se le viene dando solo al aspecto económico, regido desde el MEF, y la evidencia de la importante pérdida de oportunidades, de mayor crecimiento, que hemos tenido entre el 2004 y 2014, aproximadamente, nos invita a reflexionar sobre las formas cómo hemos abordado esta problemática. Se ha promovido ese crecimiento económico sobre todas las cosas, a pesar de todas las debilidades.

La carreta delante del caballo

Aclaro que no estoy afirmando que no es vital el crecimiento económico. No. Lo defiendo porque creo en ello.

Afirmo que la manera como se propone no es la adecuada. Todo ello porque se pone “la carreta delante de los caballos”. La estructura y enfoque con los que se promueve la práctica del desarrollo económico hace ver a éste como un dinamizador social y político en sí mismo. No lo es. Por lo menos no en nuestro país. Si así fuera, hoy tendríamos muchos proyectos mine- ros desarrollados y un crecimiento económico mayor. Los asuntos socia- les y políticos están adelante.

Los resultados de este último año y tres meses, después de la creación de este nuevo viceministerio (febrero del 2017) como nuevo enfoque de intervención de la PCM, han demostrado el error en el diseño. Durante los casi ocho meses de gestión del primer viceministro Fernán- dez-Concha, su intervención se vio plagada por desencuentros y diferencias serias con el enfoque de inter- vención de algunos sectores impor- tantes como Educación y Energía y Minas, por ejemplo.

Esta administración, como afirmara el diario El Comercio, “tuvo una participación visible en las negociaciones por la protesta de las comunidades indígenas en el lote 192 y, además, se ocupó de las negociaciones en la huelga de maestros del Sutep tras el intento de diálogo iniciado por el Ministerio de Educación”, sin haber estado en el diseño su participación. También se dieron intentos vagos y poco exitosos para disuadir conatos de violencia en el proyecto Tía María y, por otro lado, las operaciones de Las Bambas estuvieron en riesgo nuevamente, desbordando el esquema estratégico planteado por el Gobierno. Se tuvo que optar por la declaratoria de emergencia.

Otra gestión poco auspiciosa

La siguiente administración, de Carlos Loret de Mola, quien estuvo 5 meses a cargo de esta oficina, no fue tampoco muy auspiciosa. Lamentablemente le tocó la aguda problemática presidencial que lo tuvo más ocupado y preocupado en la atención de las crisis que el diseño de las estrategias. En esta etapa se agudizó el conflicto alrededor del proyecto Olmos y los intentos por promover la creación de la nueva ciudad en el norte del país. Y nunca se pudo sofocar las amenazas y contingencias sociales que tienen detenidos a los proyectos extractivos más importan- tes del país. Por ejemplo, la tan sobrevalorada exitosa licitación de Michiquillay fue también puesta e riesgo por presiones de las comunidades que obligaron al Estado a retroceder y ceder posiciones. Se evidenció al interior del Gobierno la desarticulación y ausencia de visión compartida. Ello hizo correr a casi  todos los inversionistas a participar en esta licitación donde solo se presentaron dos postores.

Actualmente, desde el 2 de abril tenemos un nuevo viceministro que empieza a sentir los estragos de este diseño errático del VGT. Ciertamente, también el tema no pasa por las personas que ocupan estos cargos, sino por la estructura orgánica, prioridades, competencias y posicionamiento de este viceministerio en el Consejo de Ministros.

Es cierto también que los actores políticos que promovieron este actual esquema no son los que están actualmente en el nuevo gobierno. Es más, me atrevería a decir que esta nueva administración lo cuestiona.

Sin embargo, no se atreven a desarrollar un nuevo cambio estructural en tan corto tiempo por las urgencias del día a día, las consecuencias políticas que ello traería y porque no tienen propuestas innovadoras pero pertinentes.

La sola visión econométrica del desarrollo ya no es suficiente. En distintos países del orbe, a propósito de esta nueva era del conocimiento y disrupción tecnológica, se ha puesto en relevancia otros aspectos tan importantes como el solo crecimiento económico. Hay aspectos ambientales, tecnológicos y sociales que deben considerarse desde la base para promover crecimiento económico. No es el crecimiento económico el motor de su propio impulso. Es la gestión social y política la que definirá su pertinencia y viabilidad sostenible en nuestros países.

Por otro lado, estos mismos actores sociales y políticos que se encuentran en la dinámica de la gestión gubernamental requieren un poten- te esquema de negociación política que viabilice prácticas concertadas y de genuina aspiración pública. Para ello se debe diseñar una estrategia central que salga de una nueva oficina con distintas visiones e intereses, pero con un peso mayor y poder específico.

En aquel artículo, firmado en mayo del año pasado, afirmábamos que “la convivencia política es la base de cualquier esquema moderno de desarrollo económico. Lo hemos visto y lo seguimos viendo en diferentes partes del mundo. Lo estamos viviendo en este actual gobierno que, a pesar de las aprobaciones del Congreso a sus diversos postulados y planes (aunque cierta- mente tal vez por esta evidencia que también encierra un cálculo político), camina a paso lento por su incapacidad de negociar cuando lo amerita,

por su escaso poder; deponer cuando es imprescindible y congregar cuando es impostergable. El juego político de intereses particulares y grupales bloquea mayores pero necesarias iniciativas. Y lo vamos a advertir también, sin ser un vidente, en la reconstrucción con cambios”. Los resultados los vemos hoy.

Postulo por ello, de manera temeraria, la creación de un nuevo ministerio o autoridad mayor con un peso estratégico tan fuerte como el MEF y por ello con una capacidad de vinculación con las otras carteras para este proceso tan dinámico y omnipresente como es la gestión social y la promoción de la convivencia política (a todo nivel, no solo desde la perspectiva extractiva). Esta nueva autoridad deberá tener una permanente actitud de aglutinación que será determinante en la gestación de políticas públicas y la viabilidad de grandes programas y proyectos socia- les y productivos que necesita el país. Nosotros apostamos por una autoridad de gestión social y la promoción de la convivencia política (o como quiera denominarse) que lleve la batuta de todos los procesos que se necesitan para impulsar el desarrollo económico, pero en el marco del bienestar social, la protección de la biodiversidad y la incorporación de las familias y ámbitos más alejados y excluidos en las nuevas dinámicas de crecimiento, por ejemplo.

Ello significa, por esta misma razón de convivencia política, explorar en un esquema altamente participativo para su gestación. El espacio para ello debe diseñarse desde todos y con todos. Afirmamos esto debido a que, por su complejidad, necesario dinamismo y severa exposición política, se debe potenciar su legiti- midad de origen.

Esta nueva autoridad o ministerio deberá concertar a niveles estratégicos (Gobierno y Congreso), en esferas operativas (regiones y provincias) y con análisis de prospectiva (Ceplan) la dinamización de los grandes programas y proyectos que necesita el país para su despegue socioeconómico y viabilidad social. Reiteramos nuestra tesis de que “los tiempos son otros y las dinámicas impuestas por nuevas megatendencias exigen pensamiento lateral e innovación continua en gestión pública que recoja aspiraciones, necesidades y expectativas al unísono. La técnica debe cobijarse en la política sobre la base de la escucha activa de las calles y los nuevos medios que se tiene hoy para demandar acción pública”.

Nueva descentralización

No hay, desde el Estado, una reflexión mayor a estas nuevas complejidades que enfrentamos. Se viene abordando el proceso con una mirada de muy corto plazo y un preocupante sesgo ideológico que no permite una mayor perspectiva de lo que ya estamos viviendo y lo que potencialmente se nos viene.

Este mundo y este país ya son otros hace apenas poco tiempo y serán muy distintos dentro de muy poco.

Se reflexionaría desde dentro, al más alto nivel, y con un modelo de participación activa los mejores mecanismos de lucha contra la corrupción, que es el principal obstáculo a la eficiencia y eficacia de nuestra inversión pública nacional. En estricto, estaríamos poniendo en relieve la necesidad de una nueva estructura para abordar estos procesos sociales y políticos tan complejos en países como el nuestro, con una participación más activa y estratégica de todo el Estado que incluye, con certeza, a los gobiernos subnacionales.

Un nueva autoridad encargada de estos menesteres pondría en relevancia, por ejemplo, el cuello de botella de temas tan densos como la nueva descentralización, la inclusión generalizada, el nuevo rol que debe darse a las industrias extractivas, la necesaria promoción de la agroindustria, el fortalecimiento del comercio internacional, la diversificación productiva, en general, y/o el ordenamiento territorial en una perspectiva multisectorial. Se podría gestar a niveles de planificación, con Ceplan y el MEF, para identificar el nudo georgiano de la lucha contra la pobreza y la promoción de la sostenibilidad.

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