Información no financiera en franca evolución

Por: Miguel Castañeda

Ernst & Young acaba de publicar su informe sobre “La información No Financiera y la Creación de Valor”, elaborado por el Centro de Estudios de esta firma consultora global. En este informe, el 96% de los inversores institucionales reconoce que la información medioambiental, social y de gobierno (ESG por sus siglas en inglés) desempeñó un papel fundamental a la hora de decidir dónde invertir durante los últimos 12 meses.

Uno de los aspectos rescatables de este nuevo porcentaje es el incremento en 28 puntos porcentuales con respecto a los resultados del estudio del 2017 que fue del orden de 68%. Más aun, cuando el 2015 era solo del 52%.

Estos incrementos porcentuales, en la opinión y preocupación de los inversionistas institucionales sobre los ESG, no hace sino confirmar el claro avance que estas temáticas tienen al momento de tomarse una decisión para invertir.

Este informe recoge la opinión de 260 inversores institucionales de la región EMEA que incluye Europa, Asia y América. Los principales asuntos de preocupación vistos como factores de riesgo ESG son gobierno corporativo, cadena de suministros, derechos humanos y cambio climático.

Uno de los aspectos resaltantes de este informe es el 59% de inversionistas (26 puntos porcentuales más que en la encuesta del año anterior) que considera que sería muy beneficioso contar con estándares internacionales para reportar la información no financiera. Esto recoge una expectativa muy importante de este sector de inversionistas por cierta regulación global para medir y evaluar el impacto de estos procesos vinculados a la sostenibilidad corporativa.

“Para los inversores institucionales, el valor de sus carteras está relacionado con la utilización de ciertos criterios sociales, ambientales y de gobierno en sus decisiones de inversión. Las organizaciones deberían, por tanto, analizar el impacto de estos factores, cuantificar y reportar los resultados, medir y comunicar el valor a largo plazo, así como reportar de forma más comprensiva todos los riesgos asociados, afirmó Alberto Castilla, socio de Gobierno y Responsabilidad Corporativa de EY, al diario Expansión de España.

¿Qué debe hacer, sobre ello, el gran sector corporativo, para acondicionar sus prácticas de RSC y políticas de sostenibilidad con una mayor y mejor sistema de medición de sus impactos? La tendencia que tienen estos aspectos claves para la sostenibilidad corporativa; y el pedido de un porcentaje importante de inversionistas institucionales, por una mayor claridad de medición y evaluación a través de estándares internacionales, ¿haría más cercana una certificación global como la ISO 26,000, por ejemplo? El tiempo lo dirá.

Finalmente, saliendo de lo privado y entrando en lo público, ¿cómo debe enfrentar ello los gobiernos cuyo propósito es atraer inversionistas institucionales para sus proyectos de desarrollo productivo, por ejemplo, como aquellos grandes proyectos extractivos o de infraestructura?

Una de las principales limitaciones que tenemos en Perú, por ejemplo, es la miopía de nuestros gobiernos por diseñar esquemas y estrategias que faciliten y promuevan la gran inversión privada e institucional. El clamoroso caso del fracaso de Michiquiilay lo define todo, al solo haber tenido dos inversionistas que concursaron por el proyecto. ¿No fue acaso, el pésimo modelo implementado, para su promoción, dirigido por el viceministerio de minas de ese entonces, la causa del retiro de grandes inversionistas para su desarrollo? Tres de las más importantes empresas mineras globales manifestaron que su principal preocupación era del orden de social y ambiental.

En los actuales esquemas globales y con las evidentes megatendencias de carácter socioambiental, que se hacen cada vez más estratégicas para atraer inversión, ¿cuáles debieran ser las medidas más urgentes, de nuestros gobiernos, para seguir promoviendo inversión responsable que lleve beneficios para los diversos stakeholders?

Fuente: Diario Expansión

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